
ESGE
REVISTA CIENTÍFICA
Volúmen V / Número I / Julio 2026 / Lima Perú
198
En el caso peruano, la minería ilegal representa una amenaza híbrida que combina
dinámicas criminales, económicas, sociales y ambientales, afectando la gobernabilidad territorial
y desaando las capacidades del Estado, diversos informes ociales y estudios académicos
coinciden en que la persistencia del fenómeno no se explica únicamente por la disponibilidad de
medios materiales, sino por la existencia de redes nancieras, mecanismos de protección local y
formas de dependencia económica que sostienen su continuidad operativa (Defensoría del Pueblo
del Perú, 2023) ( Ministerio del Ambiente [MINAM], 2023). Desde el enfoque relacional del
CoG, la fortaleza de esta amenaza no reside en maquinaria, campamentos o dragas, sino en la
relación funcional entre el blanqueamiento nanciero del oro extraído ilícitamente, la protección/
impunidad y la aceptación o dependencia social, lo que congura una red capaz de adaptarse
y reconstituirse rápidamente frente a acciones represivas aisladas. En línea con Strange e Iron
(1996), estas redes muestran resiliencia porque sus capacidades críticas pueden redistribuirse
mientras se mantenga intacta la estructura relacional que sostiene su poder.
Un ejemplo documentado se observa en la región de Madre de Dios, donde múltiples
operaciones de interdicción han logrado destruir infraestructura y maquinaria, pero sin generar
una reducción sostenida del fenómeno. Informes de la Contraloría General de la República (2021)
y del MINAM (2023) señalan que, tras intervenciones de gran escala, la actividad minera ilegal se
reconguró en nuevas zonas o se reorganizó mediante redes de nanciamiento y comercialización
previamente existentes. Desde el paradigma del CoG, estas acciones afectaron nodos materiales,
pero no el núcleo relacional que sostiene la amenaza: los canales de comercialización del oro,
los nodos de lavado nanciero y los acuerdos de protección local, lo que permitió que los grupos
ilegales mantuvieran cohesión y libertad de acción pese a pérdidas materiales. En términos
clausewitzianos, no se logró interrumpir la fuerza que mantiene unido al sistema adversario
(Clausewitz et al., 1984).
Otro ejemplo se presenta en la provincia de Pataz, donde investigaciones académicas y
reportes de organismos de seguridad han descrito la existencia de una economía ilegal articulada
con redes de transporte, actores armados y mecanismos de comercialización que facilitan la
inserción del oro ilícito en circuitos formales e informales (Ocina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito [UNODC], 2022; De Echave et al., 2021). En este contexto, el CoG de la
amenaza se expresa en la capacidad de convertir oro ilegal en renta líquida con baja probabilidad
de sanción, una relación reforzada por la mezcla de producción ilegal con oro formal y por la
existencia de redes de protección local. Como advierte Echevarría (2007), una estrategia ecaz
requiere identicar el punto donde voluntad, medios y oportunidad convergen en una relación de
poder; en este caso, esa relación se maniesta en la estructura económica y la protección política
local que permiten la continuidad operacional del sistema criminal.
En contraste, el CoG del Estado frente a la minería ilegal se encuentra en la interacción
entre cohesión institucional, capacidad estratégica-operativa e interoperabilidad interinstitucional.
Informes ociales sobre operaciones conjuntas en zonas afectadas por economías ilícitas destacan
que los resultados más sostenidos se producen cuando existe coordinación entre Fuerzas Armadas,
Policía Nacional, Ministerio Público y autoridades ambientales, combinando presencia operativa,
control logístico y acciones legales (Ministerio de Defensa, 2010; (Defensoría del Pueblo del
Perú, 2023)
Luis Gustavo Castro González
Correo electrónico:lcastrog@ejercito.mil.pe