
Capacidad de respuesta en la seguridad pública: comando de educación y doctrina del Ejército Peruano
Introducción
La pandemia del COVID-19 alteró profundamente la vida individual y
colectiva, afectando aspectos sociales, económicos, laborales y educativos, y
profundizando las desigualdades ya existentes (Mansilla & Rivera, 2020). Esta
situación supuso un desafío inédito para las democracias contemporáneas,
obligándolas a tomar decisiones excepcionales para contener la propagación del
virus. En este contexto, la sociedad civil experimentó transformaciones drásticas:
calles desiertas, empresas cerradas y una paralización económica con efectos
devastadores para los sectores más vulnerables (Dörre, 2020). Ante este panorama,
los Estados recurrieron a sus fuerzas armadas para implementar medidas de control
y vigilancia, como fue el caso del Perú, donde el Ejército asumió funciones críticas
para el mantenimiento del orden público.
El despliegue militar en espacios civiles respondió a la necesidad de
garantizar el cumplimiento del connamiento obligatorio y otras restricciones.
Estas medidas, aunque radicales, resultaron necesarias para contener el avance del
virus y proteger a la población (Galicia, 2020). A nivel internacional, países como
Brasil redireccionaron sus presupuestos de defensa y fortalecieron la cooperación
interagencial como respuesta ante una amenaza no convencional, invisible pero
letal (Franchi, 2020). La crisis sanitaria evidenció que las pandemias también
constituyen amenazas a la seguridad nacional, al poner en riesgo no solo la salud
pública, sino también la estabilidad económica, la paz social y la gobernabilidad.
En el Perú, el Estado decretó la emergencia sanitaria y movilizó a las
Fuerzas Armadas para hacer cumplir las medidas de aislamiento social. Esta
intervención se realizó dentro del marco constitucional y legal, considerando el
riesgo creciente de contagios en espacios públicos, como mercados y zonas
comerciales. En este escenario, el Comando de Educación y Doctrina del Ejército
(COEDE), cuyas funciones antes de la pandemia eran principalmente formativas y
doctrinarias, asumió un rol operativo en apoyo a la seguridad pública.
El concepto de “capacidad de respuesta” en este estudio se sustenta en tres
marcos analíticos complementarios: la doctrina militar, la gestión de crisis y la
administración pública. Desde la perspectiva doctrinaria, esta capacidad reere al
nivel de alistamiento, recursos humanos y logísticos, y capacidad de ejecución
táctica (Ministerio de Defensa del Perú, 2019). Desde la gestión de crisis, se entiende
como la habilidad de reaccionar ante amenazas con planicación, reacción
inmediata y sostenibilidad operativa (OPS, 2022). Finalmente, desde la
administración pública, se vincula con la capacidad operativa del Estado para
implementar decisiones ecaces en contextos complejos (Jordán, 2025). Esta
triangulación conceptual permite una medición integral y contextualizada.
En cuanto al concepto de “seguridad pública”, se adopta una denición
adaptada al contexto militar en situaciones de emergencia sanitaria. No se limita al
control del orden interno, sino que abarca la protección colectiva ante amenazas
que comprometen la vida, la salud y la convivencia pacíca. En escenarios como la
pandemia, la seguridad pública incluye la disuasión militar, la logística de
abastecimiento, el control sanitario y la coordinación con autoridades civiles
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ISSN: 2520 - 7628 (Impreso), 2789-2514 (En línea)
Volumen IV, Numero I, Mayo 2025