Empleo del poder militar como estrategia de
solución ante conflictos sociales
Citar como:
Avalos Arellano, J. E. (2024). Empleo del poder militar como estrategia de solución ante
conflictos sociales. Revista Científica de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, 3(2),
84-96. https://doi.org/10.60029/rcesge.v3i2arti7
Enviado: 1 de Abril 2024 Evaluado: 15 de Mayo 2024 Aprobado: 15 de Julio 2024
ISSN: 2520 - 7628 (Impreso), 2789-2514 (En línea)
https://doi.org/10.60029/rcesge
Revista Científica de la Escuela
Superior de Guerra del Ejército
Volumen III, Número II, Noviembre 2024
Resumen
Este trabajo es de necesaria lectura para los militares profesionales, y de muy convincente lectura
para cuantos se interesen por el apresurado empleo del poder militar en conflictos sociales. Se
destaca la importancia de evitar el uso prematuro y excesivo del poder militar en conflictos
sociales internos, enfatizando la necesidad de emplear estrategias integrales que incluyan el
poder económico, social y político. Critica la falta de preparación y el uso inadecuado de material
militar, que puede llevar a violaciones de derechos humanos y problemas judiciales. Asimismo,
recomienda a los militares y al público en general comprender la importancia de utilizar medios
proporcionales y adecuados para resolver problemas, en lugar de recurrir inmediatamente a
medidas populistas basadas en el uso de la fuerza. El artículo también analiza la gestión
deficiente del Gobierno peruano en conflictos sociales, destacando la necesidad de actuar como
un participante activo en la resolución de problemas sociales.
Palabras clave: Orden Interno, estrategia, Ejercito del Perú, Estado de emergencia
Avalos Arellano, Jorge Eduardo1
https://orcid.org/0000-0002-0567-4894
Escuela Superior de Guerra del Ejército, Lima, Perú
1Coronel del Ejército del Perú
Correo electrónico: cocoavalos91@gmail.com
Citar como:
Avalos Arellano, J. E. (2024). Empleo del poder militar como estrategia de solución ante
conflictos sociales. Revista Científica de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, 3(2),
84-96. https://doi.org/10.60029/rcesge.v3i2arti7
Avalos Arellano, Jorge Eduardo2
https://orcid.org/0000-0002-0567-4894
Escuela Superior de Guerra del Ejército, Lima, Perú
Received: Aprile 1, 2024 Reviewed: May 15, 2024 Approved: July 15, 2024
Use of military power as a strategy for resolving social conflicts
ISSN: 2520 - 7628 (Impreso), 2789-2514 (En línea)
https://doi.org/10.60029/rcesge
Revista Científica de la Escuela
Superior de Guerra del Ejército
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2Coronel del Ejército del Perú
Email: cocoavalos91@gmail.com
Abstract
This work is essential reading for professional military personnel, and highly compelling for
those interested in the hasty use of military power in social conflicts. It emphasizes the
importance of avoiding premature and excessive use of military power in internal social conflicts,
stressing the need to employ comprehensive strategies that include economic, social, and
political power. It criticizes the lack of preparation and improper use of military equipment,
which can lead to human rights violations and legal issues. It recommends that military personnel
and the general public understand the importance of using proportionate and appropriate means
to solve problems, rather than immediately resorting to populist measures based on the use of
force. The article also discusses the poor management by the Peruvian government in social
conflicts, highlighting the need to act as an active participant in solving social problems.
Keywords: Internal Order, Strategy, Peruvian Army, State of emergency
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Introducción
En los últimos años han acontecido diversos conflictos sociales de los cuales todos hemos
sido espectadores. Algunos han pasado desapercibidos, pero otros han escalado muy alto en poco
tiempo, llegando a perturbar la tranquilidad de los ciudadanos. De igual forma, han sido entendidos
como amenaza para el orden interno y la gobernabilidad democrática.
La repetición y las particularidades de los eventos ocurridos develan la debilidad de la
institucionalidad democrática en el país, en especial del sistema político. Es así que el Gobierno ha
perdido la fuerza para sustituir, dirigir y complacer las demandas de la población, y ha adoptado
prematuramente como solución del conflicto el empleo del poder militar. Cabe indicar que estas
organizaciones, Ejercito del Perú (EP), Marina de Guerra del Perú (MGP) y Fuerza Aérea del Perú
(FAP), están estructuradas y pertrechadas para responder ante un problema que menoscabe la
soberanía y la integridad territorial. A pesar de ello, debido a las enmarañadas y complicadas
situaciones vividas como conflictividad social, han sido empleadas de forma prematura, sin
transformar ni empequeñecer su letalidad para enfrentar la conflictividad (Contreras, 2023).
Definitivamente, las vulneraciones al orden interno de estos años no se asemejan ni tienen
punto de comparación con lo sucedido en los años 80 y 90. Sin embargo, no dejan de preocupar
debido a la falta de liderazgo del Gobierno para solucionarlos, y peor aún mediante el empleo de
Fuerzas Armadas como único medio de respuesta, ya que las consecuencias derivadas de lo descrito
han sido fatales en muchas ocasiones (Reátegui, 2007).
La finalidad del presente ensayo es examinar la manera en que el Estado peruano ha
resuelto los problemas de conflictividad social. En concreto, se analizará el modo en que el
Gobierno ha empleado a las Fuerzas Armadas, cuando su empleo y medios utilizados no son los
adecuados.
1. El contrato social
Cuando las personas se obligan mutuamente al cumplimiento de alguna acción para una
determinada finalidad nace un contrato. Lo mismo sucede cuando el Estado se hace responsable de
los derechos y obligaciones de los ciudadanos; y estos por su parte se someten a una autoridad,
cumplimiento de normas morales y acatamiento de unas leyes naciendo otro contrato. A esto
Jean-Jacques Rousseau lo denominó contrato social. Básicamente, la teoría del contrato social
supone una presunción que detalla el poder político y el orden social que guían a los gobiernos
modernos (Postigo Solana, 2019). Se podría afirmar que el contrato social es un elemento
fundamental en la estructura sociopolítica de las naciones, actuando como un marco normativo para
las interacciones entre el Estado y sus ciudadanos, en términos de derechos y responsabilidades
mutuas.
De manera resumida, la teoría del contrato social sostiene que, al vivir en sociedad, las
personas acuerdan un pacto general con el Estado, generándose un trueque mediante el cual este les
entrega algunos derechos inherentes a su persona, y ellas renuncian a su libertad. En este sentido,
sus derechos y deberes se convierten en condiciones fundamentales del contrato social, el cual es
respaldado por el Estado, una entidad establecida para garantizar el cumplimiento de dicho
contrato. El contenido de este contrato social no transita sólido, como todo contrato se puede
modificar. Esto quiere decir que ante un nuevo deber o derecho por alguna de las partes el contrato
se renueva y continua (Sánchez, 2020).
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Cuando el Estado marcha bien y el Gobierno hace lo suyo el contrato camina firme y
campante; sin embargo, si llegara a existir algún problema, el contrato se resquebraja por lo
inestable y descontento de alguna de las partes. Esto se debe a que el ciudadano no solo respeta al
Gobierno por su triunfo en las urnas, sino por el cumplimiento de sus funciones y capacidad de
respuesta ante infinitos problemas sociales. La revisión del contrato social es cada vez más urgente,
a causa de la negligencia que se observa en la gestión del Estado en la actualidad. Su enfoque se
limita a funciones gubernamentales que se consideran dispensables y transferibles a otras
alternativas de satisfacción, las cuales no siempre son de dominio público ni tienen objetivos a largo
plazo (Monge Morales, 2021). Este escenario se traduce en soluciones temporales y coloca al país
en un estado de incertidumbre generalizada, contrario a las aspiraciones de amplios sectores
sociales que buscan detener el incremento de la inseguridad social.
En el Perú, la mayor cantidad de problemas sociales (insatisfacción con el gobierno,
inestabilidad política y económica, etc.) crea un malestar total, generando inseguridad social y
estropeando la creencia que el Gobierno soluciona todo, por lo cual el aval del resguardo de los
deberes y derechos del ciudadano como estipula el contrato social se ven vulnerados (Sánchez,
2020). La situación descrita rompe el pacto social y patrocina una controversia, la cual se
manifiesta con marchas, huelgas, paros y quejas terminando en un conflicto social (Quintero
Castellano, 2017). Cuando la administración estatal no cumple con sus funciones o no satisface los
diferentes intereses de la sociedad, comienza a enfrentar dificultades, las cuales pueden
identificarse a partir de responsabilidades fundamentales; especialmente, en lo que respecta al
bienestar social, como la salud, la educación y el empleo.
En resumen, la ingobernabilidad se refiere a la percepción de muchos ciudadanos
comunes sobre la falta de garantía por parte del Estado, a través de sus funciones gubernamentales,
para asegurar la estabilidad económica, política y social necesaria. Esta situación provoca
insatisfacción en todos los sectores y clases sociales, sin excepción.
La ausencia de satisfacción y estabilidad política y económica puede ser una de los
motivos que genere inseguridad social. Además, estos factores debilitan la confianza y el respaldo
de la sociedad ante la supuesta falta de acción del Estado como avalista de los derechos y deberes
del contrato social (Ortega & Pino, 2021). Incluso, puede facilitar la ruptura del pacto social y crear
situaciones apropiadas para un conflicto social, en el que diversos sectores y clases sociales
expresen su descontento por medio de reclamos, marchas, huelgas y otras formas de protesta; lo que
eventualmente podría desencadenar un conflicto social.
2. El orden interno
El conflicto social no lleva en si necesariamente la existencia de violencia. El conflicto
social es una circunstancia en las que dos o más actores sociales (no necesariamente el estado)
aprecian que sus intereses se enfrentan, y este enfrentamiento puede generar violencia (Pajuelo
Teves, 2004). Actualmente, la coyuntura es volátil, incierta, compleja y ambigua, de ahí que ocasio-
na alteraciones en las actividades diarias de la ciudadanía, impactando en la gobernabilidad demo-
crática y generando que los derechos fundamentales de las personas o comunidades se vean vulne-
rados, derechos que tendrían que ser protegidos por el Estado como lo estipula el contrato social.
La delincuencia, la violencia, las protestas sociales y otros factores mencionados anteriormente se
ven agravados por motivos como la pobreza, las desigualdades sociales, la exclusión y el deterioro
rápido de la situación económica (Malpartida Mansilla, 1999). Además, la ausencia de oportunida-
des de empleo y otras situaciones, derivadas de políticas de desarrollo humano ineficaces, aumen-
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Figura N° 1
Categorías del orden en el Perú
tan la conflictividad social. A menudo, dicha conflictividad se manifiesta en acciones criminales,
disturbios sociales y otras formas de violencia que pueden obstaculizar el progreso socioeconómico
del país, afectar negativamente la seguridad y el bienestar de la sociedad, y cuestionar la legitimi-
dad del sistema político, empezando por el Estado (Díaz, 2019).
Según Pascual (2013), es esencial que la participación de las Fuerzas Armadas ante
nuevas amenazas se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. Esto implica que deben emplear la
fuerza de manera adecuada y proporcional, honrando completamente a la sociedad civil y
colaborando de forma constante con la PNP. Únicamente deben intervenir luego de un
planeamiento detallado y cuando la Policía este agotada de recursos disponibles y esté establecido
el Estado de emergencia.
Al respecto, Gutiérrez (2021) mencionó que el uso de las FF.AA. para respaldar a la PNP
ha generado polémica. Motivo por el cual, los militares podrían no estar preparados para esta
función, por lo que la situación vivida es desafiante.
Cuando el Gobierno rompe el contrato social por fallar en brindar la seguridad adecuada
y no asegurar una convivencia pacífica, entramos al terreno de la seguridad ciudadana. Cuando esta
falta de seguridad no garantiza el equilibrio y la paz social nos situamos en el terreno del orden
público. No obstante, cuando la seguridad vulnerada rompe el equilibrio en todos los campos del
Estado, hablamos del orden interno (Quispe Correa, 1986). En la Figura 1, se explica lo
mencionado.
El Decreto Legislativo N.°1095 (2010) define al orden interno como la situación de
aseguramiento de equilibrio y acertado desempeño de los organismos político-jurídicos del Estado.
Para mantenerlo y controlarlo, el Estado debe tomar medidas preventivas y acciones de manera
continua, lo que incluye la capacidad implícita de declarar los regímenes de excepción
contemplados en la Constitución Política.
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Tabla N° 1
Intervienen de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones, durante estado de emergencia.
Nota: Adaptado de “Reglamento del DL 1095, que establece reglas del empleo y uso de la fuerza por parte de
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional,” por Ministerio de Defensa, 15 de marzo de 2020
(https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1864943-1).
De hecho, el orden interno tiene que ver con el precepto que adoptan las instituciones
dentro del paradigma estatal. Por esa razón, la doctrina identifica como titular del orden interno al
presidente de la república. Además, la presente Constitución atribuye al primer mandatario estar
vigilante del orden interno y la seguridad exterior de la República (Chávez et al., 2022).
Se debe mencionar que toda forma de reclamo al Gobierno ocasiona, a la larga, un
conflicto social que no imperiosamente puede ser armado; empero es vehemente y agresivo
realizándose en diversos entornos: políticos, culturales, ambientales, etc. Es en esta situación que se
genera un conflicto social que puede llevar al resquebrajamiento del orden interno, dando paso al
actuar de las Fuerzas Armadas.
El Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1095 (2020) norma la aplicación y uso de la
fuerza ejecutado por las Fuerzas Armadas con el objetivo de obedecer a su rol constitucional. Ello
lo realiza a través de la aplicación de su potencialidad y capacidad coercitiva para defender a la
sociedad, en amparo del Estado de derecho con miras de preservar la paz y el orden interno en
nuestro país.
La prevención y gestión de la conflictividad a cargo del Gobierno se puede manejar sin la
necesidad de declarar estado de emergencia, no siendo necesaria la participación de las FF. AA. Sin
embargo, diversos acontecimientos y en especial los últimos sucedidos en nuestro país han
ocasionado la declaración del estado de emergencia, el cual se expone y manifiesta en caso de
perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que influyan la
vida de la nación. Este es declarado únicamente por el presidente de la república, dando pase a la
participación de las FF. AA. La Tabla 1 detalla la ayuda de las FF. AA. en dichas situaciones.
Estado de
excepción
Caso Misión Enemigo Actividad Norma
Estado de
Emergencia
1.°
FF. AA. asumen el control orden
interno
Grupo Hostil Operaciones
militares DIH
2.°
FF. AA. asumen el control orden
interno
Otras situaciones de
violencia
Acciones
militares DIDH
3.°
FF. AA. no asumen el control del
orden interno
Otras situaciones de
violencia o acciones de
apoyo a la PNP
Acciones
militares DIDH
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En el primer caso, las FF. AA. asumen el control de orden interno frente a un grupo hostil,
no se presentan grandes problemas en su accionar, debido a que las FF. AA. participan realizando
operaciones militares para lo cual han sido preparadas, entrenadas y equipadas. Un ejemplo es lo
que actualmente sucede en los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro con las constantes
prorrogas de declaratoria de estado emergencia en diversos distritos de ese sector para enfrentar a
los integrantes del Militarizado Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (MPCP – SL).
En el segundo y tercer caso, cuando las FF. AA. participan en el control del orden interno
en otras situaciones de violencia (OSVI), ya sea asumiendo el control del orden interno (caso Puno
2023), o no asumiendo el control del orden interno (caso Ayacucho 2022) se presentan problemas
debido a la doctrina anacrónica para el empleo de la fuerza, falta de marco legal. Lo más grave aún
es que no se cuentan con equipamiento y material adecuado para su empleo frente a disturbios
civiles utilizando el armamento letal (Arévalo et al., 2019).
El gobierno democrático interviene en los conflictos sociales violentos que amenazan los
derechos de los ciudadanos y el orden público de la nación. El fin de este apartado es examinar si
el uso de la fuerza pública es consecuente con el propósito fundamental que debería proteger, en
qué medida su uso se ajusta a dicho propósito y cómo se adhiere a los límites dentro de los cuales
dicha fuerza debe operar.
3. Rol del estado
Las sociedades no consisten en grupos uniformes de personas. A pesar de que algunas
sociedades pueden parecer homogéneas, compartiendo un conjunto común de características
culturales (como idioma, costumbres, religión, etc.) e incluso perteneciendo al mismo grupo étnico,
existen matices internos que pueden ser menos evidentes que en sociedades multiculturales. La
diversidad de las sociedades radica en su composición, ya que todas están, de alguna manera,
estratificadas. Asimismo, las distribuciones por estamento, casta o clase social determinan en gran
medida el potencial conflictivo de las sociedades (Ccama et al., 2019). Por otra parte, la existencia
de intereses diversos y opuestos conduce a conflictos. La forma en que se gestiona esta oposición y
la forma en que se comportan los actores sociales pueden decidir si un escenario se convierte en un
conflicto social.
Al respecto, en diversas partes del mundo, especialmente en naciones en desarrollo, los
conflictos sociales surgen como formas de protesta debido a diversas causas, como la extrema
pobreza, crisis económicas, falta de atención estatal, corrupción, discriminación racial, explotación
minera, contaminación ambiental y otros factores. Estos problemas generan un malestar
generalizado en la población, que se expresa a través de protestas dirigidas al Gobierno. América
Latina no escapa a esta realidad, y en varios países se observa cómo la población expresa su
descontento mediante manifestaciones por problemas que no son adecuadamente abordados por las
autoridades, lo que podría desencadenar crisis de gobernabilidad.
De igual forma, los conflictos sociales han perturbado de diferente manera la gobernabili-
dad en el Perú, esto ha ocasionado la intervención del Estado en varias fases que este comprende.
En el contexto peruano, los conflictos emergen cuando la población de una comunidad demanda
que una empresa minera ejecute sus obligaciones previamente acordadas, o cuando se contraponen
al trabajo de extracción de hidrocarburos por considerarla peligrosa. También surgen cuando un
sindicato no ve satisfechas sus demandas ante la dirección de la empresa, o cuando los comerciantes
de un mercado se resisten a cumplir con novedosas regulaciones municipales que consideran perju-
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Tabla N° 2
Heridos y muertos de conflictos sociales en Perú (noviembre de 2022- enero 2024)
Nota: Adaptado de “Reportes mensual de conflictos sociales,” por Defensoría del Pueblo, 239, enero, 2024
(https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/02/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2
%B0-239-Enero-2024.pdf).
diciales para sus negocios. Estas situaciones son mucho más variadas que las que se observan en
países industrializados, ya que incluyen razones ambientales, de gobierno local, laborales, de
demarcación territorial, entre otras.
El reglamento de representación defensorial en conflictos sociales de la Defensoría del
Pueblo (2015, p. 6) afirma que las fases de los conflictos comprenden la fase temprana,
escalonamiento, crisis, desescalamiento y dialogo. Es importante tener en cuenta que el desarrollo
del conflicto no necesariamente sigue linealmente este proceso, sino que se trata más bien de una
serie de avances y retrocesos en el camino hacia su resolución.
La defensoría del Pueblo inició su monitoreo de los conflictos sociales desde el infausto
suceso de linchamiento de un alcalde en el distrito de Ilave el 2004. En la Tabla 2 que se presenta a
continuación solo ha tomado como data los 3312 conflictos sociales desarrollados desde noviembre
de 2022 a la fecha, registrando sus efectos de violencia en heridos y muertos, destacando por
mayoría la población civil (Defensoría del Pueblo, 2024, p. 25).
2022
2023
2024
TOTAL
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Heridos
333
360
856
23
13
11
50
1
67
-
5
4
-
19
7
1749
Muertos
8
21
31
6
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
68
El número total de heridos y muertos en los conflictos sociales confirma la vulneración
de algunos derechos, en especial, el de la afectación de la vida, el cuerpo y la salud tanto de los
ciudadanos que participaron en las protestas como las fuerzas del orden encargadas por el Gobierno
para la solución. Considerando que la estrategia se aplica en algún campo de la actividad humana,
donde haya conflicto, contraposición de voluntades y propósitos encontrados e irreconciliables,
constituye de por si un ardid para superar obstáculos. Por ende, la presencia de heridos y muertos
devela la falta de estrategia del Gobierno para solucionar dichos obstáculos.
4. La estrategia
A menudo se observa mal aplicado el término “estrategia”. Existe una tendencia a
utilizarlo como término general para un plan, concepto, curso de acción o idea de una dirección en
la que proceder. Tal uso es inapropiado. La estrategia es dominio del líder superior en los niveles
más altos del Estado (Yarger, 2012). La estrategia es el arte de emplear batallas como medio para
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lograr el objetivo de la guerra (Clausewitz,1832, p. 123); también es el arte de distribuir y aplicar
los medios militares de modo de cumplir con los fines de la política (Hart , 1915, p. 81); de acuerdo
con el general Beaufre (1965, p. 111) la estrategia es el arte de hacer que la fuerza concurra para
alcanzar las metas de la política y, para el CAEN, la estrategia es el arte de conducir los medios a la
acción de manera decisiva y en las condiciones más favorables (Ejército del Perú, 2001, p. 35).
En consecuencia, la estrategia está a cargo del Gobierno, es decir, el conductor político.
La estrategia ya no se sitúa solo en el plano de las operaciones y acciones militares, sino que
trasciende al resto de actividades del quehacer humano; particularmente, en aquellos en que los
elementos que toman decisiones podrán hacer uso de herramientas que guían su pensamiento en la
búsqueda de soluciones adecuadas empleando de forma racional sus medios.
Entre las diversas definiciones de estrategia que existen, se destaca un factor común que
reconoce la estrategia como el arte de utilizar el poder para alcanzar objetivos. La estrategia se
considera un arte que, al igual que cualquier manera artística, puede ser interpretada de diversas
maneras y abordada de múltiples formas (Tavra, 1988). Por ende, ante un conflicto social el que
debe planificar, formular e implementar una estrategia es el gobierno como solución del problema
cumpliendo su contrato social, sin embargo, en la gran mayoría de las resoluciones de los
problemas, el gobierno solo determina como medio de solución el empleo de su poder militar,
evitando utilizar diferentes medios como el poder político, diplomático, económico o social, los
cuales ayudarían a una solución del problema sin consecuencias fatales tanto a la población como
las Fuerzas Armadas.
El análisis de los medios de la estrategia da permiso que se ponga aún más en convicción
la forma de configuración que le es propia. Para llegar a la resolución de un problema, la estrategia
tendrá a disposición una gama de medios materiales y morales conocidos como el poder nacional.
El arte radicará en escoger entre las opciones libres y mezclar sus acciones con el fin de lograr un
resultado único que sea lo bastante efectivo como para provocar y motivar la reacción decisiva
deseada. En suma, la selección de los medios dependerá de una evaluación de las debilidades del
oponente y nuestras capacidades. Recordemos que el empleo de las FF. AA. es excepcionalmente
de acuerdo a lo prescrito en el DL N.°1095 (2020). La razón es que existen otros medios del poder
nacional que se pueden emplear, siempre en concordancia con el objetivo propuesto por el
Gobierno.
Así, la estrategia tiene tres elementos esenciales: fines, formas y medios. Estos son
independientes, pero cuando se formula una estrategia se deben relacionar los fines (objetivo) y los
medios (poder) para que cualquier estrategia sea válida.
Un déficit de poder puede perversamente inducirlo a diseñar una estrategia temeraria, en
busca de objetivos más inalcanzables. Consecuentemente, se debe proponer un sistema donde se
hiciera un justo balance entre objetivo y poder. Este equilibrio al que llamamos equilibrio
estratégico no puede ser dispar ni estático; sino que fluctuante, según se desenvuelve, dentro de una
gama que el propio poder pone de manifiesto. Cualquier desfavorable variación en la relatividad del
poder está acompañada de un crecimiento del objetivo. Por esto, “el objetivo será la primordial
averiguación del estratega” y “el poder ha de ser concebido, preparado o acertado para conseguir
esto” tiene significado (Tavra, 1988, p. 145).
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Figura N° 2
Equilibrio estratégico
La oscilación debe tener en cuenta que el objetivo debe ser la primera atención del
estratega y que el poder debe ser evolucionado, arreglado y encajado para cumplir con lo primero.
En un conflicto social obtener el control del orden interno se considera el objetivo, y los medios
utilizados deben ser tales que al colocarlos en la balanza este no oscile de tal manera que los medios
empleados sea un recurso muy poderoso para la solución. El arte del gobernante esta en buscar el
medio que sea equilibrado al objetivo para solucionar el problema sin inconvenientes ni
complicaciones. Es así que, con el empleo en conjunto de los medios del Estado, se podría llegar a
una mejor solución a los problemas en vez del empleo único y prematuro del poder militar como
medio de solución que desequilibre la balanza.
Sir Basil Liddell Hart (1915) nos dice que, generalmente, la labor de decidir si una
estrategia debe o no perseguir una resolución militar para el conflicto recae sobre los hombros del
Gobierno. Los militares no son más que uno de los medios para avanzar en pos del fin que marque
la estrategia (uno más de los instrumentos que el cirujano lleva en su maletín) y, del mismo modo,
las acciones no son sino uno más de los medios disponibles para intentar conseguir el objetivo que
marque la estrategia. Si las condiciones son adecuadas, suele ser el medio con los efectos más
rápidos; pero si las condiciones son desfavorables es una insensatez utilizarlo. De esta balanza
resulta la dilucidación que, cuando aparece una amenaza, la medida política más rauda adoptada es
restablecer el equilibrio estratégico, buscando no emplear medios que sobrepasen el objetivo.
Se sabe que la tarea primordial de las Fuerzas Armadas es la defensa del territorio
nacional ante las amenazas que se presenten (conflicto armado internacional) para lo cual fueron
equipadas, organizadas y capacitadas. A pesar de ello, también tienen funciones adicionales como
el control del orden interno, en la cual requieren que las Fuerzas Armadas apoyen a la PNP por
orden del Gobierno para hacer frente a niveles de violencia más bajos de la función principal. Sin
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embargo, el empleo precoz, precipitado y pronto del poder militar ocasiona muchos problemas y no
la solución del mismo.
Una definición más clara y sabia considera a la estrategia como la adaptación practica de
los medios a disposición de un comandante para alcanzar el objetivo dictado por el gobierno. Esta
definición determina la responsabilidad que un comandante tiene para con el gobierno que lo ha
elegido para ocupar su cargo. Su responsabilidad consiste en aplicar las fuerzas que le sean
asignadas dentro del teatro de operaciones que se le haya adjudicado de la manera más beneficiosa
posible para los intereses de la política. Si considera que las fuerzas puestas bajo su mando no son
las adecuadas para la tarea encargada, estará justificado que lo señale y si su opinión es ignorada,
puede rehusar o declinar ejercer el mando (Hart,1915).
Por otro lado, el Gobierno que formula la estrategia debe adaptarla a las condiciones, las
cuales suelen variar a medida que el conflicto social avanza. Además, tiene derecho a intervenir en
la estrategia, no solo sustituyendo la fuerza empleada, sino modificando el objetivo que debe
perseguir el comandante de acuerdo a las necesidades de la política. Aunque no debería interferir en
el modo en que el comandante utiliza sus herramientas, sí debería indicar con claridad cuál es la
naturaleza de la misión.
Conclusiones
Ante las expresiones sociales, especialmente aquellas que adoptan formas violentas, el
Estado asume una posición de represión que favorece la utilización de la fuerza. Incluso, se decide
por el uso de armamento letal contra los participantes, y concede un mayor protagonismo a las
Fuerzas Armadas en la preservación del orden interno.
La falta de familiaridad con la legislación y la insuficiente formación en el uso de la
fuerza y los derechos humanos entre el personal policial y militar ha resultado en situaciones,
donde, al restaurar el orden, no se han respetado las normas sobre el uso de la fuerza. Asimismo, la
ausencia de armamento disuasivo ha impedido la aplicación de un enfoque gradual y selectivo de la
fuerza en contextos de alta tensión con grandes grupos de personas. Es crucial señalar que el
armamento y los equipos de comunicación se encuentran obsoletos y en mal estado.
La intrusión de las Fuerzas Armadas en la restricción y control de protestas sociales ha
resultado en la trasgresión de los derechos humanos, una situación que ha ocurrido y que sigue
ocurriendo. El empleo desmesurado de la fuerza y la insuficiencia capacitación de los militares en
este tipo de situaciones pone en peligro a los manifestantes, a terceros y hasta a los integrantes de
las Fuerzas Armadas; los cuales podrían enfrentar consecuencias disciplinarias y penales. La falta
de habilidad para manejar adecuadamente estas situaciones puede llevar a cometer acciones que
puedan resultar en acciones legales en su contra.
Otro aspecto por observar es que el papel de la estrategia es concertar y conducir todos
los medios de la nación, llevándolos a conseguir el objetivo político. Dicho objetivo debe definirlo
la política fundamentalmente. Es cierto que, cuando este consiste en el restablecimiento del orden
interno y se hace uso del poder militar, la tarea la realiza las Fuerzas Armadas; sin embargo,
también es cierto que la conservación de la ley y orden es una obligación de las autoridades civiles
y, por ende, es necesario el empleo de otros medios para buscar una mejor solución.
Avalos Arellano, Jorge Eduardo
Correo electrónico: cocoavalos91@gmail.com
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Volumen III / Número II / Noviembre 2024 / Lima-Perú
Los disturbios pueden ocasionar un alto nivel de violencia, llegando a perturbar el orden interno. La
línea que separa a estas dos situaciones totalmente distintas es muy delgada y en diferentes
situaciones se desvanece y borra. Es función del Gobierno volver a trazarla y decidir por el mejor
empleo de sus medios, evitando riesgos innecesarios, a la población, a las FF. AA. y al propio
Estado.
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